En el departamento de Santander se ha desatado una polémica en torno a la adjudicación del contrato para el Plan de Alimentación Escolar (PAE) en los 82 municipios no certificados de la región. Pese a las múltiples denuncias sobre presuntas irregularidades en el proceso licitatorio, el consorcio Santander Avanza 2024 se alzó con este jugoso contrato valorado en más de $60.000 millones de pesos.
Lo que ha generado mayor controversia es que este grupo empresarial ya había estado a cargo de la operación del PAE durante los últimos cuatro años en Santander. Esta situación encendió las alarmas del diputado Danovis Lozano, quien elevó su voz ante los medios de comunicación para ampliar las acusaciones en torno a posibles manejos irregulares que habrían beneficiado a este consorcio en la adjudicación.
Lozano aseveró que el departamento ha sido protagonista de varios escándalos de corrupción en administraciones anteriores relacionados con este programa de alimentación escolar. Según el diputado, “este contrato cuyo oferente son los zares del PAE, Sergio Delgado y Carlos Duarte, se ha encargado de la alimentación de los niños en Santander”. Agregó que los requisitos técnicos parecían estar hechos a la medida para favorecer a este consorcio, como la exigencia de haber ejecutado más de 63 mil dosis entregadas, contar con vehículos con certificado de manipulación de alimentos, poseer un software especializado y tener una infraestructura mínima, condiciones que sólo ellos cumplían.
No obstante, la secretaria de educación María Paola Suárez defendió el proceso y los requisitos técnicos exigidos, explicando que son cerca de 135 mil niños beneficiados con el PAE en Santander. Justificó que se necesitan cuartos fríos, bodegas adecuadas y personal capacitado para garantizar que los alimentos perecederos lleguen en óptimas condiciones a las escuelas rurales. Asimismo, aseguró que para la administración del gobernador Juvenal Díaz es prioritario manejar este programa sin improvisar.
Otro frente de la polémica lo abrió Lozano al vincular a Carlos Duarte, uno de los empresarios del consorcio adjudicado, con Gloria Esperanza Pombo, quien supuestamente trabajaba en la Secretaría de Educación de Bucaramanga administrando el PAE municipal. Según el diputado, existiría un “vínculo familiar y amoroso cercano” entre Duarte y la hija de Pombo, lo que generaría inquietantes conflictos de intereses en la contratación y supervisión del programa.
Frente a estas acusaciones, Suárez respondió que una vez conocidas las denuncias, se hizo una exhaustiva revisión donde se constató que Pombo no tenía ningún tipo de vinculación laboral ni contractual con la Secretaría de Educación departamental ni con la Gobernación de Santander.
La funcionaria reiteró el compromiso de la administración de cumplir a cabalidad con la ejecución del Plan de Alimentación Escolar en todos los municipios no certificados, monitoreando rigurosamente el contrato adjudicado y la labor de la interventoría contratada para tal fin. El gobernador Díaz ha manifestado su determinación de no tolerar ningún tipo de irregularidad que pueda poner en riesgo un programa tan sensible que vela por la nutrición de miles de escolares de escasos recursos en Santander.
